El abuso sexual de menores en internet: reforma del código penal

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La lucha contra los delitos de abusos sexuales a menores en
Internet es compleja; las técnicas utilizadas por los
abusadores son cada día más sofisticadas y, en
consecuencia, los riesgos para los menores internautas aumentan. A
esto se une que los menores que se sienten intimidados no siempre
denuncian la situación.

Debe, además, destacarse que las medidas existentes hasta
la fecha, tales como el control parental, la calificación de
contenidos y la denuncia de contenidos ilícitos y nocivos no
están obteniendo los resultados esperados, y los
daños causados -cuando se producen en Internet- persisten en
el tiempo, pues los contenidos quedan disponibles sin
restricción para que cualquiera pueda verlos, lo que
añade una dificultad adicional, como es la de enfrentarse a
un riesgo constante de que las víctimas sean estigmatizadas
y humilladas una y otra vez.

No podemos obviar que cuando navegamos por internet dejamos un
rastro de nuestra información en foros, redes sociales,
operaciones de comercio electrónico, etc., que combinada da
como resultado un perfil de la personalidad del individuo. Esta
circunstancia es aprovechada por los delincuentes para detectar
personalidades vulnerables. A lo que se añade que,
según información de organizaciones no
gubernamentales sobre páginas web con contenidos
relacionados con abusos de menores, más del 80% de las
víctimas son menores de 10 años.

La explotación sexual de menores y la pornografía
infantil constituyen graves violaciones de los derechos
fundamentales y, en particular, de los derechos del niño a
la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar,
tal como establecen la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Esta inquietud y el mandato europeo han llevado al legislador
español a modificar, el 30 de marzo de 2015, la
regulación penal de dichas situaciones, en busca de nuevas
fórmulas de protección de los menores frente a los abusos
sexuales cometidos a través de internet u otros medios de
telecomunicación, ante la facilidad de acceso y el anonimato
que estos proporcionan.

La principal novedad que ofrece la citada modificación es
la elevación de la edad para poder prestar el consentimiento
para realizar actos sexuales, que pasa de trece a dieciséis
años. De este modo, todo acto sexual con un menor de
dieciséis años es un hecho delictivo, salvo que se
trate de relaciones consentidas con una persona próxima al
menor por edad y grado de desarrollo o madurez.

La nueva redacción del Código Penal recoge en el
artículo 183 ter del
Código Penal
dos conductas delictivas en la lucha contra
los abusos sexuales a menores en internet:

a) El que a través de internet, del
teléfono o de cualquier otra tecnología de la
información y la comunicación contacte con un menor
de dieciséis años y proponga concertar un encuentro
con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos
en los artículos 183 y 189, siempre que tal propuesta se
acompañe de actos materiales encaminados al
acercamiento.

Este supuesto es el caso de delito de grooming que
se define como el proceso por el cual una persona, de manera
deliberada, se hace amigo de un niño o establece una
relación o un control emocional sobre el menor, a
través de medios informáticos, para tener contacto
sexual en línea y/ o un encuentro físico con ellos,
con el objetivo de cometer abuso sexual.

La reforma llega en el mismo momento en que el Tribunal Supremo
condena por grooming en la Sentencia 823/2015 de 24 de
febrero.

La sentencia analiza de manera ilustradora el delito de grooming
indicando:

Se trata de un delito de peligro pues no castiga una
lesión sino la puesta en peligro de la indemnidad sexual del
menor de 16 años (13 años antes de la reforma). Se
castiga la conducta que busca la verificación de una
relación sexual con el menor de 16 años que
sería en todo caso delictiva, exista o no violencia o
intimidación, dado que, aun en su ausencia, dada la
irrelevancia del consentimiento del niño, los hechos
supondrían un abuso sexual.

Para la existencia del delito se requiere:

  • un contacto por medio tecnológico con
    un menor de 16 años para su captación.
  • por otra proponer un encuentro para cometer
    cualquiera de los delitos descritos en los arts. 183 a 189. La
    consumación se conseguirá cuando la cita propuesta
    por el delincuente fuese aceptada por el menor y se inician actos
    encaminados a que se ejercite la misma.
  • y por último, la realización de actos
    materiales encaminados al acercamiento, esto es actos que
    pretenden ganarse la confianza del menor y que deben repercutir y
    reflejarse más allá del mundo digital.
  • la voluntad de cometer cualquiera de los delitos de
    los arts. 183 y 189 que comprenden ataques a la indemnidad
    sexual de menores de 16 años.
  • El desconocimiento de la edad del menor no es suficiente
    para la exculpación, sino que ha de ser probado en base a
    alguna circunstancia excepcional.

El grooming se castigará, como tal, sólo
cuando no se haya llegado a materializar efectivamente la conducta
sexual.

b) El que a través de internet, del
teléfono o de cualquier otra tecnología de la
información y la comunicación contacte con un menor
de dieciséis años y realice actos dirigidos a
embaucarle para que le facilite material pornográfico o le
muestre imágenes pornográficas en las que se
represente o aparezca un menor.

Este segundo supuesto es una novedad en el Código Penal
español, y se refiere a la explotación de
imágenes relacionadas con pornografía infantil y la
exposición a este tipo de material
. En mi
opinión, siendo positivo el avance legislativo, no utiliza de
manera correcta la terminología; no deberíamos hablar
de material pornográfico o pornografía infantil sino
material relacionado con el abuso sexual a menores, que se trata de
un concepto más amplio y que recoge de manera más
fiel la gran variedad de supuestos existentes.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen
dificultades para encontrar pruebas digitales porque los
delincuentes usan técnicas de cifrado, redes de servidores y
sofisticados métodos que les garantizan el anonimato.

Ahora bien, la lucha no puede pasar solo por castigar conductas
delictivas, sino que el objetivo debe ser salvaguardar a los
niños y garantizarles un entorno seguro para su desarrollo.
Para ello, se deberían implementar, entre otras, acciones
preventivas:

  • Medidas educativas y formativas obligatorias para
    niños, padres y educadores sobre el acceso de menores a
    contenidos ilegales y para que no caigan en el engaño de
    ciberdepredadores de la red.
  • Aumentar el intercambio leal de información entre
    fuerzas y cuerpos de seguridad, autoridades judiciales, proveedores
    de servicios de la información y organizaciones no
    gubernamentales en la defensa de los menores.
  • Eliminación rápida de todo el contenido
    ilícito
  • Facilitar la denuncia y el apoyo al menor y su
    familia.
  • Creación de nuevas herramientas e instrumentos
    para la investigación, rastreo y procesamiento de autores de
    estos delitos a través de proyectos como ASASEC (Advisory System Against Sexual
    Exploitation of Children) que tiene como objetivo el desarrollo de
    una solución tecnológica innovadora que mejore los
    medios técnicos actuales en la lucha contra la
    pornografía infantil a nivel internacional o proyectos como
    la base de datos internacional de imágenes de
    explotación sexual de menores INTERPOL, Sexual Exploitation
    Image Database (ICSEDB).

Es una responsabilidad de toda la sociedad preservar el
derecho del menor a su pleno desarrollo y formación y
socialización del menor, así como su libertad sexual
futura, y a su integridad moral.

El abuso sexual de menores en internet: reforma del código penal
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